Independencia bajo sospecha y el "maquillaje" contable detrás del nuevo diseño del Banco Central

El proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsado por el gobierno de Javier Milei propone una reconfiguración drástica de la autoridad monetaria, centrada exclusivamente en la preservación del valor de la moneda. Según un análisis detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta iniciativa no solo constituye una excepción en el marco de los bancos centrales a nivel internacional —donde predominan los mandatos múltiples que incluyen el crecimiento y el empleo—, sino que además se apoya en una independencia institucional puesta en duda por la intervención directa del Presidente en decisiones técnicas. El informe, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, destaca que, bajo una apariencia de rigor técnico, la gestión actual recurrió a un "maquillaje contable deliberado" para transferir utilidades al Tesoro, mientras busca blindar a sus autoridades mediante mecanismos de remoción que exceden incluso los modelos más restrictivos de la región.

La propuesta oficial busca eliminar los múltiples objetivos que actualmente rigen al BCRA. En palabras del propio Javier Milei: “se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda”. Sin embargo, el CEPA advierte que el objetivo unívoco es una situación poco frecuente en el mundo, donde la mayoría de los países contemplan también el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad financiera.

El documento cita ejemplos como el de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato busca “promover eficazmente los objetivos de máximo empleo, precios estables y tipos de interés moderados a largo plazo”. En contraste, el proyecto argentino se encuadra en la senda de Perú, aunque el CEPA señala que Milei “no sólo copia el modelo peruano, sino que lo excede en varios aspectos”, al eliminar herramientas de política monetaria como la compra de títulos en el mercado secundario y añadir sanciones penales por emisión.

Uno de los puntos más críticos del informe se refiere a la contradicción entre el discurso de independencia y la práctica financiera. El CEPA sostiene que los montos de las transferencias de utilidades del BCRA al Tesoro, que ya totalizan el equivalente a USD 24.200 millones bajo la gestión de Milei, “se originan en un maquillaje contable deliberado definido por el Ministerio de Economía”.

Este proceso incluyó cambios en la valuación de las Letras Intransferibles para generar ganancias técnicas no realizadas. Según el informe: “Es un caso de estudio: al mismo tiempo que el Tesoro consiguió una quita del 40%, el BCRA presentó ganancias contables para repagarse el año siguiente con emisión”. De este modo, el Banco Central continúa alimentando las arcas del Tesoro a pesar del objetivo de cortar el financiamiento monetario.

El informe del CEPA cuestiona severamente la autonomía real de la entidad, citando episodios de intervención directa del Poder Ejecutivo. El hecho más relevante ocurrió en octubre de 2025, cuando el presidente Milei admitió haber definido el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI): "Convoqué a todo el equipo económico a Olivos... Entonces yo me junto con ellos y les dije: 'Hay que limpiar el pasivo del Banco Central'... Yo los convencí y empezamos a limpiar las LEFI".

El documento resalta que esta declaración es crucial porque el Presidente admite haber definido una decisión que “en un esquema de banco central independiente, corresponde exclusivamente a las autoridades de la entidad monetaria”. A esto se suma la estrecha relación profesional previa entre el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro Luis Caputo, exsocios en una consultora, así como la recurrente participación de Bausili en reuniones de Gabinete. Finalmente, el CEPA advierte que el hecho de que el directorio ejerza sus funciones "en comisión" (sin aprobación del Senado) implica que su continuidad “depende de la voluntad del Poder Ejecutivo... lo que constituye otro factor que puede afectar la percepción de independencia”.